miércoles, 14 de octubre de 2009

Punta Carey depredará el medio ambiente


Este proyecto es un claro ejemplo de depredación del medio ambiente, por ello ONG exigen a Semarnat y al gobierno de Quintana Roo que no lo autorice porque viola la normatividad ambiental

El desarrollo de Punta Carey no debería ser aprobado, exigen las organizaciones Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), Teyeliz, MOCE Yax Cuxtal, Defenders of Wildlife, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace México.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como el municipio de Tulúm, deben impedir que se autorice la manifestación de impacto ambiental al Fideicomiso Empresarial Punta Carey.

Este proyecto carecía de autorización por parte de la Semarnat y del municipio de Tulúm; a pesar de ello, el Fideicomiso Empresarial Punta Carey realizó acciones para delimitar el predio donde se pretende ubicar el proyecto Punta Carey, deforestando ilegalmente ejemplares de manglar y palma chit, ambas especies en categoría de riesgo (1) y afectando las dunas costeras del área natural protegida santuario de la tortuga marina Xcacel.

El pasado 24 de septiembre fue posible la clausura del proyecto, por parte de la Profepa debido al pronunciamiento de estas mismas ONG.

“Tras la clausura de las obras de Punta Carey, en Xcacel, las organizaciones firmantes exigimos a la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA) niegue la autorización al proyecto Punta Carey.Estas acciones demuestran que a pesar de ser un proyecto que se ha cuestionado reiteradamente en los últimos meses, los promoventes pretenden realizar el proyecto a través de chantajes monetarios e ilegalidades”, dijo Alejandra Serrano Pavón, representante regional del CEMDA en Quintana Roo.

¿Por qué Punta Carey?

Se encuentra dentro del predio de 156 hectáreas (ha) de X´cacel-X´cacelito, que incluye el Santuario de la Tortuga Marina, considerado como Zona Especial de Protección de Flora y Fauna, porque es la principal playa de anidación de las tortugas marinas caguama y blanca, de todo el Caribe mexicano. Ambas especies de tortugas están en peligro de extinción.

La zona también está reconocida como humedal de importancia internacional por la Convención Ramsar y en ella se encuentran 16 especies endémicas vegetales además de la palma chit, la palma kuká, manglares negro, blanco y botoncillo, así como el zorrillo, la serpiente de cascabel y la aguililla negra, la tortuga de pantano y la rana yucateca, todas en alguna categoría de riesgo según la normatividad mexicana.

“Esto evidencia la falsedad con la que se ha promovido el proyecto y deja en claro que al Fideicomiso Empresarial Punta Carey no le interesa proteger el medio ambiente. Todavía no cuentan con autorizaciones y ya comenzaron las ilegalidades al deforestar manglar y palma chit,” dijo Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos y costas de Greenpeace.

La destrucción de manglares y especies vegetales consideradas en riesgo por la Norma Oficial Mexicana NOM 059 está tipificada como delito en los artículos 418 fracción I, 420 fracción 5 y 420 bis fracción 1 del Código Penal con penas de hasta 12 años de prisión cuando el delito se comete en un área natural protegida como lo es el Santuario de la Tortuga Marina. Esperamos que se aplique con todo rigor la ley y nos da gusto que la Profepa lo esté haciendo", concluyó Juan Carlos Cantú, director de programas de Defenders of Wildlife de México.

El Fideicomiso Empresarial Punta Carey afectó a especies en peligro de extinción y destruyó vegetación del santuario de la tortuga marina Xcacel-Xcacelito, el más importante del Caribe.
— Greenpeace México

lunes, 27 de julio de 2009

Sin control, la pérdida de manglares en México

En el Día Internacional de la Defensa del Manglar, este 26 de julio, no tenemos nada qué celebrar: México tiene una tasa promedio de pérdida equivalente a cuatro veces el promedio mundial, es decir, 4.43 hectáreas cada día, equivalentes a seis campos de futbol.

Según un documento del Instituto Nacional de Ecología (1), en nuestro país la superficie de manglar está desapareciendo a un ritmo de 2.5 por ciento anual, mientras que a nivel global, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), reporta un índice de pérdida de este ecosistema de 0.66 por ciento (2), señaló Greenpeace.

El Día Internacional de la Defensa del Manglar, este 26 de julio, la organización ambientalista indicó que esto equivale a la pérdida de 4.43 hectáreas cada día o seis campos de futbol y que de continuar a ese ritmo, para el año 2025 habrá desaparecido entre el 40 y el 50 por ciento de la superficie estimada en el año 2000.

México es el quinto país con mayor extensión de manglares en el planeta. Junto con Indonesia, Australia, Brasil y Nigeria, alberga 47 por ciento del área total de manglares en el mundo, si bien México ya perdió el 65 por ciento de este ecosistema.

"Los manglares en México están cada vez más amenazados, depredados y desprotegidos, por lo que es prioritario detener los proyectos e iniciativas de ley que atentan contra este ecosistema con el pretexto de generar infraestructura y reactivar la economía del país", advirtió Alejandro Olivera, coordinador de campañas de Greenpeace México.

"Es necesario impedir que se sigan destruyendo manglares a cambio de compensaciones económicas e impedir la construcción de centros turísticos no sustentables y que sólo dejan beneficios en el corto plazo y a un grupo social no restringido. Hacemos un llamado a los legisladores y al gobierno federal a proteger a este ecosistema costero y los beneficios que representa. Basta de autorizaciones ilegales, intentos por debilitar la ley y de construcciones de desarrollos turísticos sobre los manglares”, continuó Olivera.

El manglar y la... ¿ley?

Desde febrero del 2007, los manglares están protegidos por el artículo 60 ter de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), sin embargo actualmente existen dos iniciativas para modificar dicho artículo con la intención de poder destruir manglares con el objetivo de construir obra pública y privada. Una de las iniciativas la presentó en diciembre pasado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, diputado del PRI por Quintana Roo (3) y la más reciente la presentó Rogelio Rueda Sánchez, senador del PRI por Colima (4), en enero de este año.

Otras dos iniciativas de este tipo, de legisladores del PAN y de Alternativa fueron detenidas por las organizaciones ciudadanas en lo que va del 2007 a la fecha.

Por otra parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha otorgado autorizaciones para deforestar manglares, a pesar de la crítica situación en que se encuentran y de los muchos beneficios que nos prestan. Un ejemplo es la Terminal de Gas Natural Licuado (TGNL) de Manzanillo, donde a pesar de la prohibición legal se permitió la remoción de 8 mil metros cuadrados de manglar. Otro ejemplo es que en febrero pasado el presidente Felipe Calderón inauguró un desarrollo turístico en Escuinapa, Sinaloa, sin ningún permiso ambiental, a un lado de Marismas Nacionales, región que alberga el 10 por ciento de los manglares del país.

“La protección legal no ha sido suficiente para frenar la deforestación de manglares. Sin los manglares México es más vulnerable a los efectos del cambio climático. Lo vemos ahora en Quintana Roo, en donde el sector turístico está sufriendo la erosión de las playas por el aumento en el nivel medio del mar y por haber construido sobre dunas costeras y manglares”, dijo Alejandro Olivera.

¿Por qué defender el manglar?

* Su defensa es prioritaria porque es un ecosistema fundamental para la protección de los litorales y las poblaciones costeras.
* Amortigua los impactos de huracanes y tsunamis.
* Tiene la mayor capacidad de todos los ecosistemas para capturar el carbono de la atmósfera y almacenarlo en su sustrato, por lo que también contribuye contra el calentamiento global.
* Puede albergar hasta el 90 por ciento de las larvas y estados juveniles de peces de importancia comercial, por lo que es un ecosistema estratégico para garantizar la buena salud de los ecosistemas marinos.


El dato
En el año 2000 se estableció el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar, eligiéndose para su celebración el 26 de julio debido a que en esa fecha, pero de 1998, Hayhow Daniel Nanoto, activista de Greenpeace originario de Micronesia, murió de un paro cardíaco mientras participaba de una acción de protesta masiva encabezada por Fundación de Defensa Ecológica, Fundecol y Greenpeace Internacional (5).
— Greenpeace México

Notas.
1 Evaluación preliminar de las tasas de pérdida de superficie de manglar en México, INE, septiembre, 2005
2 Tasa calculada de 2000 a 2005. Informe. The world´s mangroves 1980-2005. Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Roma 2007.
3 Gaceta Parlamentaria. Cámara de diputados. Año XII. Número 2646-II. Que reforma el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del PRI.
4 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2671-II, jueves 8 de enero de 2009. Que reforma y adiciona los artículos 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del senador Rogelio Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI.
5 http://www.wrm.org.uy/boletin/109/Manglar.html

lunes, 18 de mayo de 2009

Justicia para Junichi Sato y Toru Suzuki, exige Greenpeace




Dos activistas de Greenpece Japón se enfrentan a una persecución política por haber expuesto a la luz pública la corrupción en la industria ballenera japonesa, la cuál es financiada por los impuestos que pagan los contribuyentes japoneses.

La justicia se está desarrollando en Tokio de dos formas: un tribunal de Aomori, Japón, ha emitido una serie de reveses para la fiscalía en el juicio de Junichi Sato y Toru Suzuki (activistas conocidos como The Tokio Two o Los dos de Tokio), y el gobierno japonés sigue intentando encubrir el escándalo de malversación de fondos dentro de la industria ballenera.

En primer lugar, el tribunal ha dictaminado que las pruebas del escándalo de malversación de fondos no pueden ser excluidas. En segundo lugar, está la cuestión de si las acciones de Junichi y Toru están o no protegidas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cuál será discutido durante el juicio. En tercer lugar, el tribunal ha solicitado que el fiscal presente las declaraciones de testigos que pueden resultar cruciales para el caso.

El fiscal había intentado describir las acciones de Junichi y Toru como un simple caso de robo, para bloquear cualquier debate sobre la malversación de fondos.

Sin embargo, el tribunal se ha negado a aceptarlo, decidiendo que esta evidencia no puede ser excluida. Las pruebas detallan la corrupción dentro del programa gubernamental de cacería de ballenas en el Océano Austral, expuesta por Junichi y Toru.

Si son declarados culpables de robo, Junichi y Toru enfrentarían penas de hasta diez años de cárcel. Ellos extrajeron una caja de carne de ballena malversada de un depósito de correo el año pasado, y la presentaron a la Fiscalía de Tokio, que inmediatamente abrió una investigación sobre la corrupción en el programa gubernamental de caza de ballenas.

Sin embargo la investigación fue suspendida posteriormente. El mismo día en que se realizó una redada en la oficina de Greenpeace Japón, y Junichi y Toru fueron arrestados.

"El tribunal ha instado al fiscal a exhibir las pruebas que ha estado retrasando. Lo cual incluye las declaraciones hechas a la policía por el 'propietario' de la caja de carne de ballena interceptada; por varios individuos que supuestamente habían confiado su carne de ballena a él, y por un empleado de la flota ballenera, quien hizo los arreglos para el transporte del equipaje personal de la nave a sus hogares”.

"Queremos establecer que lo que Junichi y Toru hicieron fue corroborar la información proporcionada por los denunciantes en relación con la malversación de fondos dentro de la flota ballenera", dijo el abogado Yuichi Kaido, defensor de Toru y Junichi.

"Con la opinión del fiscal rechazada por los tribunales, hemos ganado el primer paso en este caso y la oportunidad de demostrar que hubo malversación de carne de ballena por parte de los empleados".

De hecho, parece que los intentos del fiscal para mantener a varios testigos en el escándalo de la carne de ballena fuera de la sala de audiencias y, por tanto, lejos de los ojos del público, ha hecho que los jueces se vuelvan más curiosos. ¿Quizá el fiscal lo hace porque sabe que la industria ballenera realmente tiene algo que ocultar?

"El gobierno esperaba enterrar este escándalo enviando a los denunciantes a juicio", dijo Jun Hoshikawa, Director Ejecutivo de Greenpeace Japón. "Sin embargo, como cada vez más pruebas de malversación de fondos salen a la luz publica, al final será la la caza de ballenas la que esté en juicio", finalizó.
— Greenpeace


Si Junichi Sato y Toru Suzuki han cometido un crimen al oponerse al escándalo y la corrupción del programa ballenero japonés, deberían arrestarme por apoyarlos.

Si van a comenzar a tomar prisioneros políticos por defender a las ballenas, van a necesitar arrestar a una inmensa cantidad de gente al rededor del planteta.

viernes, 17 de abril de 2009

Aprueban de manera inconstitucional Ley Fonatur



Aprueban diputados la ley de turismo que ahora fue turnada al Senado para ser votada la próxima semana; ignoran también 9 mil 158 firmas de mexicanos que dijeron no a esta ley, a través de una ciberacción lanzada por Greenpeace

De manera inconstitucional, la Cámara de Diputados aprobó esta semana la Ley de Turismo, una legislación depredadora del medio ambiente e inconstitucional, denunció Greenpeace.

La ley fue turnada al Senado de la República para su discusión y aprobación. Fue promovida por el diputado Octavio Martínez (PRD) y apoyada por los partidos PRI, PAN, PSD, PVEM y Convergencia a través de los diputados Eduardo Elías Abuxapqui (PRI), Martha Angélica Romo (PAN), Yolanda Garmendia (PAN), Francisco Dávila (PAN), Armando Gracia (PSD), Manuel Portilla (PVEM), José Luis Varela (Conv), Francisco Márquez (PRD), Héctor Ramos (PAN).

Es clara la urgencia de los diputados por aprobar esta ley de último momento, a pesar de que carece de un análisis de viabilidad técnica jurídica, económica y social, con el interés de beneficiar al empresariado turístico nacional y extranjero.

El proyecto de Ley de Turismo lleva dos años y medio de gestación, tiempo en el que legisladores no lograron ponerse de acuerdo en el tema de preservación de los ecosistemas.

“No estamos en contra del turismo. Lo que no queremos es que se siga haciendo a merced de los ecosistemas. Queremos que se regule a Sectur, Fonatur y al Consejo de Promoción Turística ya que con esta Ley seguirán actuando con un alto grado de discrecionalidad e ineficiencia”, explicó Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos y costas de Greenpeace.

“Fomentar el turismo depredador sólo ocasionará mayores impactos ambientales y sociales en las regiones turísticas de nuestro país. Los senadores todavía tienen la oportunidad de promover en este país un verdadero turismo sustentable, que vincule a secretarías como la Semarnat y Sedesol que son de gran importancia para tener una visión integral sobre el turismo”, finalizó Olivera.

A la ciberacción realizada por Greenpeace se sumaron 9 mil 158 firmas de mexicanos que dijeron No a la ley Fonatur. Sin embargo, los diputados ignoraron la petición de estos, pasando por alto su voz. Greenpeace exhorta ahora a los Senadores a que modifiquen esta ley.
— Greenpeace México